PROYECTO DE RESOLUCIÓN PRESENTADO POR LA DIPUTADA
NACIONAL MARA BRAWER(FPV).
14/5/13
La Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVE
Declarar su
preocupación ante el Proyecto de Ley de creación del Instituto de Evaluación de
la Calidad
y Equidad
Educativa del GCBA presentado por el poder
ejecutivo porteño, que se debatirá próximamente en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Preocupa en particular
el carácter de entidad autárquica que dicho proyecto asigna al Instituto, como
así también que sus
funciones
exceden ampliamente aquellas que justifican su creación, debilitando de este
modo el rol del Ministerio de Educación en aspectos sustanciales de la política
educativa.
FUNDAMENTOS
Señor
presidente:
En los
próximos días, se debatirá en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires el Proyecto de Ley de creación del Instituto de Evaluación de la Calidad
y Equidad Educativa del GCBA. Dicho Instituto, que funcionará como entidad
autárquica, tiene la misión de evaluar los aprendizajes de los alumnos, la
formación y desempeño docente, el funcionamiento institucional del sistema
educativo y el impacto de las políticas educativas del Ministerio de Educación.
Se
atribuyen a dicho Instituto funciones que exceden en mucho las requeridas para
el cumplimiento de su misión como, por ejemplo, c) producir y desarrollar
investigaciones sobre diferentes aspectos educativos, d) diseñar e implementar
una política de difusión de información y estadísticas educativas
y j)
producir, recibir, organizar y suministrar información sobre el sistema
educativo, a fin de elaborar una amplia base de datos estadísticos, funciones
asignadas en el Art. 5
Capítulo 1, Creación y competencias.
En
nuestra opinión, el carácter autárquico, que disocia la evaluación de las
instancias en las cuales se define la agenda de gobierno, como así también el
exceso en las funciones asignadas, debilitan el rol del Ministerio de Educación
en aspectos sustanciales de la política educativa.
Sostenemos
que el proyecto obedece a las concepciones neoliberales que tanto auge tuvieron
en nuestro país en la década de los 90 y que hoy continúan vigentes en la
ciudad de Buenos Aires. Con lógica e intereses más propios del mercado, estos
enfoques reducen el rol del Estado, restringiendo sus funciones a la asignación
de recursos y a la evaluación de los resultados.
Son
numerosos los países que han sufrido y continúan sufriendo las consecuencias de
un modelo de Estado que debía reducirse y limitar su intervención. Orientados
por la lógica del “libre juego entre la oferta y la demanda”, y bajo la
concepción de que la educación es un servicio o una mercancía a la que se
accede según el poder adquisitivo de cada cual, se trataba de que el Estado se
limitara a financiar la demanda transfiriendo dinero a consumidores y escuelas
privadas. En estos modelos la evaluación desempeñaba un rol claro: orientar la
asignación de recursos hacia las escuelas que obtuvieran “mejores resultados”
y, en consecuencia, resultaran más demandadas.
En el
caso de la Argentina, estos modelos encontraron un límite en la tradición y en
la normativa existente, que reconoce que la educación es un derecho y no una
mercancía que se puede adquirir en el mercado. Así lo establece la Constitución
Nacional, la Ley de Educación Nacional y, en el caso particular de la
Ciudad de Buenos Aires, su propia Constitución sancionada en el año 1996.
Aun así
tuvieron sus claros efectos. Aquellos años de exacerbación de la lógica del
mercado y debilitamiento del Estado en su función de regulador social nos
dejaron como “legado” el
aumento
de la brecha entre quienes más y menos tienen, como así también porcentajes
alarmantes de población excluidos del acceso a todo derecho. El
desmantelamiento sistemático de la infraestructura pública trajo aparejado un
profundo proceso de precarización y desprotección social que fue padecido por
la mayor parte de la sociedad, en particular por los sectores más
desprotegidos.
La
educación no quedó por fuera de este proceso. Como resultado de esas políticas,
la ciudad de Buenos Aires cuenta con un sistema educativo cada vez más
fragmentado y desigual, donde el costo del deterioro de la escuela pública lo
pagan los sectores más vulnerables. Diversas investigaciones exponen que la
distribución geográfica de la pobreza muestra profundas desigualdades
según
zonas: del total de la población NBI un 61.7% habita el cordón sur, en el cual
reside solo un 26.8% de la población total de la CABA (datos extraídos
delinforme de situación presentado por la Facultad de Filosofía y Letras de la
Universidad de Buenos Aires en el marco de fundamentación de su Centro de
Innovación y Desarrollo para la Acción Comunitaria). En este contexto, genera
amplia preocupación las características de las evaluaciones que impulsará el Instituto
como así también el uso que se hará de la información obtenida. Si bien no lo
explicita el proyecto de creación, existen
suficientes
indicios sobre ambas cuestiones.
A fines
del año pasado, en una entrevista concedida al diario Clarín, el jefe de gobierno
porteño presentó el Índice de Equidad y Calidad de la Educación Porteña
(IECEP), una herramienta de evaluación para las escuelas públicas y privadas
porteñas. Según sus propias palabras, “si bien hay evaluaciones que se hacen
desde el año 93, la novedad es que ahora el equipo directivo de cada
escuela y
los padres de los alumnos conocerán ese índice y podrán compararlo con el
promedio del resto de su comuna y el global de toda la Ciudad. Es decir sabrán
el nivel de la escuela que dirigen, o a la que envían a sus hijos”.
El IECEP
se compone de promoción, repitencia y evaluación de los aprendizajes y soslaya
otras variables que resultan fundamentales a la hora de evaluar el
funcionamiento de las instituciones educativas sin desconocer las profundas
desigualdades sociales y económicas de la población que atienden.
Sabido es
que en el mundo entero, no sólo en nuestro país, los resultados de las
evaluaciones muestran una gran correlación entre los logros cognitivos y la
clase social de los estudiantes lo que ha llevado a la necesidad de revisar y
contextualizar las variables que tradicionalmente éstas tienen en cuenta. Así
lo entiende y lo establece la Ley de Educación Nacional, que en su artículo 95 enuncia como objeto de información y evaluación las principales
variables de funcionamiento del sistema cobertura: “repetición, deserción,
egreso, promoción, sobre edad, origen socioeconómico, inversiones y costos, los
procesos y logros de aprendizaje, los proyectos y programas educativos, la formación
y las prácticas de docentes, directivos y supervisores, las unidades escolares,
los contextos socioculturales del aprendizaje y los propios métodos de la
evaluación”.
Asimismo
preocupa la intención manifiesta por el Jefe de Gobierno de publicar información
desagregada por escuela, por las previsibles consecuencias en la orientación y selección de la matrícula.
Así
planteada la evaluación, es de prever que aquellas escuelas que atienden a los sectores
económicamente favorecidos obtengan mejores puntuaciones y en consecuencia sean
más solicitadas por estos mismos sectores que son quienes tienen a su vez mayor
capacidad de concretar sus expectativas en una demanda educativa; mientras que aquellas escuelas que atienden
a sectores vulnerables obtengan puntuaciones más bajas y por lo tanto tiendan a
ser menos buscadas.
Cabe destacar
que en la entrevista mencionada el jefe de gobierno presenta los distritos
escolares con mejores y peores índices que, sobra decir, coinciden con el nivel
socioeconómico de la población que atienden.
Se contribuye de este modo a profundizar la
fragmentación ya existente, generando mayor desigualdad educativa que reproduce
las desigualdades socioeconómicas de la población. La elaboración de
un “ranking” de escuelas, entonces, se contradice
con la función del Estado de garantizar el derecho a la educación para toda la
población, y por lo tanto velar por la calidad de educación que se ofrece en
todas las escuelas, superando las desigualdades existentes. Por otra parte, la
publicación de resultados desagregados por escuela se contrapone con lo
explicitado por la LEN, que en su artículo 97
establece que “La política de difusión de la
información sobre los resultados de las evaluaciones resguardará la identidad
de los/as alumnos/as, docentes e instituciones educativas, a fin de evitar
cualquier forma de estigmatización, en el marco de la legislación vigente en la
materia”.
Finalmente,
en el marco de las declaraciones realizadas por el Jefe de Gobierno, se agrava
la preocupación por el resguardo de los intereses de la educación como bien
público, ya que el mismo proyecto de creación deja abierta la posibilidad de
subsumir la lógica evaluativa a intereses privados al
contemplar
que el Instituto puede ser en parte financiado por organismos privados.
Así en su
artículo 17, inciso b, sanciona que “son recursos del Instituto las subvenciones
que le asignen organismos públicos o privados, nacionales o extranjeros”.
Para
concluir: la educación no es una mercancía que podremos consumir en mayor o
menor grado según nuestro poder adquisitivo en el mercado. Es un bien público y
es un derecho social. Y ello obliga al Estado, y a quienes nos sentimos
parte de él, a dotarlo de herramientas que permitan concretar en acciones sus
políticas para el sector. No se trata de debatir si evaluar o no evaluar sino
de debatir el sentido de la evaluación en
el diseño de políticas públicas y de generar condiciones para que efectivamente constituya una herramienta de
mayor inclusión y justicia educativa y social.
En este
sentido es que creemos que la evaluación tiene que ser parte de un proceso que
tienda a mejorar de manera integral la calidad de la educación, y para que ello
ocurra es necesario que el Estado se comprometa activamente en la generación de
un proyecto de política educativa. Por eso nos preocupa la disociación que el Proyecto
establece entre los responsables de diseñar e implementar estas políticas y
quienes llevan a cabo la evaluación.
Dicha disociación promueve una evaluación
independiente de las políticas de estado, pero no de los intereses del mercado.
Por lo
expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente Proyecto de Resolución.
Mara Brawer
Diputada Nacional
FPV
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